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¿Se puede solicitar el traslado a España para cumplir una condena extranjera?

Efectivamente existe un procedimiento previsto legalmente para solicitar en España el cumplimiento de una condena dictada por un Tribunal extranjero, lo que se pretende es cumplir esa condena de privación de libertad en una prisión española.

Un abogado penitenciario es la solución para solicitar el cumplimiento de la pena en España si tienes una condena dictada por un tribunal extranjero.

Actualmente, en torno a 1032 españoles se encuentran cumpliendo condena en cárceles extranjeras, muchos de ellos tienen la posibilidad de cumplir su condena en una cárcel española.

Cualquier situación de privación de libertad ya resulta complicada, pero mucho más cuando esta privación tiene lugar en un país extranjero donde se desconoce el idioma, la cultura y donde la familia se encuentra a miles de kilómetros. En estos casos la pena se duplica, ya que no sólo supone una condena al privado de libertad sino también a su familia.

Por ello, es importante que conozcamos que existe una vía para obtener el cumplimiento de la pena en el país de origen de la persona condenada, y que este mecanismo se ha agilizado con la aprobación de la Ley 23/2014 de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea.

¿Es el mismo trámite si la sentencia ha sido dictada por un estado miembro de la Unión Europea que si la ha dictado otro país no miembro de la Unión?

Cuando hablamos de países no pertenecientes a la Unión Europea, la tramitación se torna mucho más complicada, y deberemos atender a los convenios bilaterales que existan entre los diferentes países; tendremos que analizar si se dan los requisitos exigidos para retornar al país natal para el cumplimiento de la condena.

A modo de ejemplo, existen países en los que, para conceder el traslado, se exige un tiempo de cumplimiento en el país de condena. Otros, por ejemplo, requieren haber satisfecho las sanciones económicas impuestas para obtener el traslado.

En estos casos, la tramitación del traslado suele llevarse a cabo a través del Consulado español, que se encuentra en el país donde ha recaído la sentencia –éste deberá informar de todos los trámites y documentación necesaria para llevar a cabo la transmisión–.

¿Es el mismo trámite si la sentencia ha sido dictada por un estado miembro de la Unión Europea que si la ha dictado otro país no miembro de la Unión?

Cuando hablamos de países no pertenecientes a la Unión Europea, la tramitación se torna mucho más complicada, y deberemos atender a los convenios bilaterales que existan entre los diferentes países; tendremos que analizar si se dan los requisitos exigidos para retornar al país natal para el cumplimiento de la condena.

A modo de ejemplo, existen países en los que, para conceder el traslado, se exige un tiempo de cumplimiento en el país de condena. Otros, por ejemplo, requieren haber satisfecho las sanciones económicas impuestas para obtener el traslado.

En estos casos, la tramitación del traslado suele llevarse a cabo a través del Consulado español, que se encuentra en el país donde ha recaído la sentencia –éste deberá informar de todos los trámites y documentación necesaria para llevar a cabo la transmisión–.

Si tengo una sentencia de condena dictada por un país miembro de la Unión Europa, ¿qué pasos tengo que dar para conseguir el traslado?

El reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea se encuentra regulado en España en la Ley 23/2014, de 20 de noviembre, de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea.

Antes de que la ley 23/2014 de 20 de noviembre fuera aprobada, este tipo de procesos se tornaban alto “farragosos”, algo que ralentizaba sin duda la terminación del proceso.

Ahora, como explicaremos, los plazos se han acortado y el proceso resulta más sencillo, lo que facilita que consigamos esos traslados con mayor facilidad que antes.

Cuando decimos “más sencillo”, no nos referimos a una tramitación que se resuelva en días o semanas, ya que por mucho que los trámites se hayan agilizado nos enfrentamos a procedimientos que implican la colaboración de dos países por lo que cualquier trámite administrativo –como te podrás imaginar siempre se demora mucho más–.

Si tengo una sentencia de condena dictada por un país miembro de la Unión Europa, ¿qué pasos tengo que dar para conseguir el traslado?

El reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea se encuentra regulado en España en la Ley 23/2014, de 20 de noviembre, de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea.

Antes de que la ley 23/2014 de 20 de noviembre fuera aprobada, este tipo de procesos se tornaban alto “farragosos”, algo que ralentizaba sin duda la terminación del proceso.

Ahora, como explicaremos, los plazos se han acortado y el proceso resulta más sencillo, lo que facilita que consigamos esos traslados con mayor facilidad que antes.

Cuando decimos “más sencillo”, no nos referimos a una tramitación que se resuelva en días o semanas, ya que por mucho que los trámites se hayan agilizado nos enfrentamos a procedimientos que implican la colaboración de dos países por lo que cualquier trámite administrativo –como te podrás imaginar siempre se demora mucho más–.

En la Ley 23/2014, España recopila la cuantiosa normativa europea aprobada por la Unión Europea en la materia, acortando sin lugar a dudas los plazos y trámites para conseguir el reconocimiento de la resolución judicial y posterior traslado a España.

Entre éstas, una de las más importantes en cuanto al tema que tratamos, es la Decisión Marco 2008/909/JAI de 27 de noviembre de 2008, relativa a la aplicación del principio de reconocimiento mutuo de sentencias en materia penal, por las que se imponen penas u otras medidas privativas de libertad a efectos de su ejecución en la Unión Europea.

En consecuencia, si actualmente queremos saber los requisitos que establece el estado español para reconocer resoluciones dictadas por estados miembros, deberemos acudir a la Ley 23/2014, de 20 de noviembre, de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea.

Concretamente, el reconocimiento de resoluciones judiciales que imponen penas privativas de libertad viene regulado en el título III de la referida ley.

¿Qué requisitos debo cumplir para conseguirlo?

A continuación, te contamos algunos de los requisitos mínimos para que tenga lugar el reconocimiento de la resolución penal y obtener así el traslado para el cumplimiento de la pena en un centro penitenciario español:

  1. Ser nacional español
  2. Que exista una sentencia firme imponiendo una pena o medida privativa de libertad cuyo cumplimiento se encuentre pendiente, es decir, es imprescindible que no exista ningún recurso pendiente por resolver habiendo aceptado el condenado la pena impuesta sin haber interpuesto recurso alguno o que éste haya sido ya resuelto.
  3. Resten por cumplir al menos 6 meses de condena.
  4. Condenado, estado de condena y estado de cumplimiento consientan el traslado.
  5. Los hechos cometidos sean considerados ilícito penal en el Estado de cumplimiento.

Es importante que, junto a la solicitud de reconocimiento de la resolución penal, acredites el arraigo en España, así como de la mejora de la reinserción social en nuestro país atendiendo a sus circunstancias.

Estos son algunos de los requisitos, pero deberás consultar con tu abogado penalista especialista en derecho penitenciario si se dan el resto o existe alguna que otra causa de denegación de traslado.

¿Puede mi familia tramitar el traslado desde España?

Sí, aunque la competencia para autorizar el traslado la tenga el juez sentenciador, la ley prevé la posibilidad de que el letrado del condenado pueda solicitar al juez español que inste al estado del juez sentenciador a que la pena sea transferida a nuestro país, para su cumplimiento aquí.

Sin duda, ello supone un avance, ya que no sólo facilita que los familiares puedan iniciar esa solicitud en su propio país, sino que van a tener un mayor control de los avances que experimente el proceso. También podrá solicitarse en el estado de condena, incluso casi en el mismo momento de obtener la sentencia firme, pero salvo que se tenga una comunicación fluida y directa con el abogado penalista que se encargó del proceso en el país donde haya sido condenado –que informe a las familias de cada paso a dar– muchas veces los procesos resultan más duros ante el desconocimiento de los avances.

¿Qué Juez es el encargado para la tramitación del traslado?
El Juez encargado para la tramitación es el Juzgado Central de lo Penal, pero cuidado, una vez obtenida la transmisión de la pena para su cumplimiento en España, la ejecución de la misma será competencia del Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria. En consecuencia, las solicitudes de permisos, tercer grado y demás beneficios penitenciarios deberán tramitarse ante el Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria.
¿Cuánto dura todo el proceso?

Esta, quizá, es una de las preguntas más difíciles de contestar a las que nos enfrentamos en el despacho IENE Abogados Madrid en estos casos, ya que desgraciadamente no hay unos plazos concretos “que se cumplan”. Quiero decir, si bien es cierto que la ley marca una serie de plazos para cada uno de los trámites, éstos resultan “orientativos”, ya que dependen todos de varios organismos y de la cooperación entre varios países.

A modo de ejemplo, la ley fija en su artículo 88 un plazo máximo de 30 días para que tenga lugar el traslado definitivo; pero 30 días desde que resulta firme la resolución dictada por el Juez Central de lo Penal reconociendo la resolución penal, que impone pena privativa de libertad que le ha sido transmitida. Si, por cualquier circunstancia, no pudiera cumplirse este plazo, la ley prevé que deberá fijarse una nueva fecha en el plazo máximo de 10 días desde que desapareciera la circunstancias que imposibilitó el traslado.

Para hacernos una idea, con carácter “orientativo”, la totalidad mínima del proceso rondará los 8/10 meses –aunque dichos plazos, como siempre, pueden llegar a ser más largos o más cortos–.

Al tratarse de procedimientos de derecho internacional donde se ven inmersas administraciones de dos estados, es fundamental que el abogado penalista especialista en derecho penitenciario que se encargue de la tramitación conozca todos los detalles y pormenores de la misma –no sólo para conseguir finalmente el cumplimiento de la condena en España, sino para que esto se logre en el menor tiempo posible–.

Afortunadamente, en IENE Abogados Madrid contamos con letrados especialistas en derecho penitenciario implicados en la causa, conscientes de las dificultades que atraviesan nuestros nacionales en centro penitenciarios extranjeros y que, sin duda, sabrán ofrecerte el servicio y la atención que tu tema merece. Llámanos y te informaremos de todo lo que necesitas saber.

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